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EL LANZAMIENTO DEL PRIMER SATÉLITE MEXICANO PARA EL MUNDIAL DE FÚTBOL DE 1986

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) recomienda, por el bien de su propia economía y en beneficio de los ciudadanos, que los países inviertan al menos el 1% de su producto interno bruto (PIB) anual en el desarrollo de sus áreas científicas y tecnológicas. En tanto los países líderes en desarrollo tecnológico (Estados Unidos, China, Japón y Corea del Sur) invierten entre el 2 y el 4.5% de su PIB en ciencia y tecnología, en 2025 México dedicó sólo el 0.16% de su PIB a dichas áreas. La importancia de la inversión en ciencia y tecnología es debida a que permite a mediano y largo plazo la implementación de tecnologías que facilitan u optimizan el acceso de la población a servicios como los de educación, salud y seguridad, con lo que crece la calidad de vida.

Ahora bien, no es nueva la desatención gubernamental en México del desarrollo de tecnologías nacionales que puedan ser aprovechadas plenamente por la población. Un ejemplo claro es la historia de cómo México llegó a poner en órbita terrestre su primer satélite propio.

Curiosamente, la primera vez que el gobierno de México recurrió al uso de tecnología satelital, en 1968, no fue, por ejemplo, para facilitar que las comunidades de áreas rurales del país alejadas de centros educativos pudieran aprender a leer y escribir, sino con el objetivo de que el gobierno entonces presidido por Gustavo Díaz Ordaz pudiera transmitir los Juegos Olímpicos celebrados en el país a todo el mundo, para lo cual se rentaron los servicios y el equipo satelitales de la NASA (la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos).

Años después, la decisión de lanzar el primer satélite mexicano al espacio se debió a que la televisora Televisa anunció al gobierno del presidente Miguel de la Madrid en 1980 su plan de instalar un sistema propio de emisión televisiva por vía satelital que pudiera servir para transmitir los partidos del Mundial de Fútbol de 1986 que tuvo como sede a México, con lo cual se pensaba aumentar las ganancias económicas de Televisa al hacer innecesaria la renta de satélites televisivos de empresas extranjeras.

Así, en medio de una crisis económica nacional y debido a la presión ejercida por Televisa, el gobierno de Miguel de la Madrid accedió a responsabilizarse por la construcción de un satélite de difusión directa, que tiene el uso limitado de servir sólo para la transmisión de señales televisivas, para la telefonía y para la transmisión de datos, con lo que se dejaban fuera del plan original usos de procesamiento de información que beneficiarían a industrias como la agrícola, la minera y la petrolera. Tanta fue la influencia política de Televisa en la decisión del gobierno que fue Televisa, y no el gobierno mexicano, quien escogió a la empresa estadounidense que se encargó de construir el satélite. Fue así como el 17 de junio de 1985, con un lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, al que asistió el mismo presidente De la Madrid, que el transbordador Discovery de la NASA puso en órbita el primer satélite mexicano propiedad del gobierno federal, llamado Morelos I.

Aunque a lo largo de gobiernos posteriores se lanzaron otros satélites mexicanos para orbitar la Tierra como parte de distintos proyectos de desarrollo tecnológico, todos estos proyectos fueron eventualmente desatendidos o relegados por falta de una visión a largo plazo que permitiera dar continuidad a la construcción de infraestructura mexicana para el desarrollo de conocimiento científico por medio de tecnología satelital. En la actualidad, México tiene en operaciones sólo dos satélites pertenecientes al gobierno mexicano, el Bicentenario y el Morelos III; los demás, incluido el original Morelos I, dejaron de operar y se convirtieron en basura espacial inubicable debido a faltas de combustible o a fallas en sus sistemas de procesamiento.

Así recordamos hoy la historia curiosa del lanzamiento al espacio del primer satélite mexicano hace 41 años, el 17 de junio de 1985, con el fin de hacer hincapié en la importancia de desarrollar y apoyar desde el Estado proyectos que permitan poner al servicio del bienestar de la población en general los avances científicos y tecnológicos.

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EL INICIO DE LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN MÉXICO

Las condiciones en las que los trabajadores mexicanos deben laborar, como se sabe, distan mucho de ser perfectas, ya que, por ejemplo, México es el segundo país del mundo donde los trabajadores tienen proyectada la menor cantidad de fechas anuales de descanso obligatorio pagado y es también el país donde, a pesar de que los empleados perciben uno de los promedios de ganancias anuales más bajos del mundo, se trabaja más horas al año. Con el fin de plantear futuros en los que las condiciones de trabajo sean más justas en México, es importante recordar cuánto ha sido posible avanzar con ese fin en contra de las prácticas laborales abusivas (muchas veces apoyadas por las instituciones gubernamentales) para que algo como una jornada laboral de ocho horas se volviera hoy en día un lugar común.

Hace apenas poco más de cien años, cuando Porfirio Díaz aún era presidente, entre las condiciones de trabajo de los jornaleros en las haciendas estaban, por ejemplo, turnos laborales de hasta catorce horas diarias que comenzaban, en algunos casos, a las cuatro de la mañana, y salarios insuficientes para cubrir las necesidades de subsistencia de sus familias, lo que a su vez conducía a la adquisición de deudas impagables y de por vida en las tiendas de raya que eran propiedad de los mismos patrones y en las que los empleados estaban obligados a comprar. De la misma forma, los empleados mexicanos, que eran en su mayoría de origen indígena, eran discriminados con motivo de su raza por los patrones en comparación con los empleados llegados de otros países. Así, al mismo tiempo que las empresas extranjeras se instalaron en México durante el Porfiriato para explotar los recursos naturales del país en su producción, las leyes nacionales vigentes protegían sus prácticas abusivas en detrimento del trabajador mexicano con tal de asegurar sus inversiones en el país, como al respaldar las prohibiciones de los empleadores de que los trabajadores formaran organizaciones o manifestaciones en defensa de sus derechos laborales o pidiendo una mayor supervisión por parte del gobierno de las prácticas abusivas.

El principal antecedente histórico de la lucha por condiciones de trabajo más justas en el país fue la huelga de mineros de Cananea, Sonora, iniciada el primero de junio de 1906, que los trabajadores mexicanos organizaron para exigir salarios más altos y un trato igualitario para ellos con respecto al trato recibido por trabajadores extranjeros, ya que a lo largo de los más de 30 años que Porfirio Díaz estuvo en el poder como dictador, una de sus estrategias para atraer capital extranjero con el fin de modernizar la industria mexicana fue ofrecer comodidades a los empresarios extranjeros, que incluían la explotación de los trabajadores mexicanos.

La protesta fue reprimida por los empleadores extranjeros con el visto bueno del gobierno porfirista, lo que terminó no sólo con trabajadores heridos y peor, sino también con un recrudecimiento de sus condiciones de trabajo, ya que los patrones llegaron a prohibirles recibir visitas de amigos o parientes en sus casas ―por temor a que pudieran inculcarles ideas relacionadas con la lucha por los derechos laborales― y leer periódicos no aprobados previamente por los mismos patrones, asegurando así que dichas ideas de justicia social no se difundieran. Sin embargo, esta huelga en Cananea sirvió para inspirar movimientos posteriores como la huelga de trabajadores textiles en Río Blanco, Veracruz, iniciada en el mismo año de 1906, que, aunque terminó también con despidos masivos en represalia y la intervención del ejército que terminó con 200 obreros perdiendo la vida, 40 heridos y 400 arrestados, sirvió de testimonio frente a todos los mexicanos del carácter represivo del gobierno de Porfirio Díaz, y el descontento que despertó entre la población se considera un antecedente directo de la Revolución mexicana que inició sólo tres años después, en 1910.

Fue hasta 1917, ya en medio de la Revolución mexicana, que se expidió el artículo 123 de la Constitución, que establecía el derecho de todos los ciudadanos mexicanos al «trabajo digno y socialmente útil», y fue hasta agosto de 1931 que se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo, con la que se estableció la obligación del gobierno de regular todos los aspectos individuales, colectivos, administrativos y procesales del derecho laboral en México. No obstante, la muestra de valentía de los mineros de Cananea en 1906 que decidieron alzar su voz contra el abuso laboral a sabiendas de las consecuencias desmedidas que podían afrontar debe ser todavía hoy un recordatorio de que la lucha por un mundo más justo es valiosa incluso cuando sus frutos no son inmediatamente evidentes. Conmemoramos así en la UNIDEV el aniversario 120 del inicio de la huelga de trabajadores de minería de Cananea, Sonora, el primero de junio de 1906.

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